Trabajo sexual

Según los colectivos que reivindican el derecho de las personas que ejercen este tipo de trabajo, el trabajo sexual es la prestación de un servicio sexual a cambio de dinero, en el que todas las partes comprometidas lo hacen por decisión personal y con consentimiento propio.

Las trabajadoras sexuales que se identifican voluntariamente como tal son principalmente mujeres mayores de edad que han decidido dedicarse a este trabajo, por diferentes causas y motivaciones que varían, para poder solventar su economía familiar o personal. Las trabajadoras sexuales no han sido víctimas de trata ni deben ser «rescatadas». Por el contrario, reivindican su derecho a ejercer libremente y de forma segura su trabajo sin intervención externa, y con el pleno reconocimiento de sus derechos humanos, incluidos sus derechos laborales. 

Los grupos regulacionistas abogan por una regularización del trabajo sexual y su reconocimiento como una ocupación igual a las demás. Argumentan que «su postura no es liberal sino sindical, con conciencia de clase. Consideran al [trabajo sexual] como un trabajo, por decisión propia, de manera autónoma y voluntaria. Decisión tomada por falta de oportunidades y por la precarización de la oferta laboral para las mujeres, que en gran medida son madres y jefas de hogares».

Las organizaciones lideradas por trabajadoras y trabajadores sexuales se han esforzado por poner sobre la agenda pública un debate que se aleje de la doble moral y la demagogia. Han buscado dar visibilidad a los problemas reales a los que se enfrentan quienes ejercen el trabajo sexual y exigir que se pongan en el centro del debate. Rechazan su victimización y reivindican su protagonismo, dignidad, autonomía, agencia y capacidad de negociación social.

Esta posición es defendida por agencias de las Naciones Unidas, como el Fondo de Población (UNFPA), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida, y hasta ONU Mujeres —con una postura poco clara—, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Comisión de Mujeres de la OEA y fundaciones privadas, como la Open Society Foundations, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, entre otras. 

Por otra parte, desde ciertos sectores del feminismo y del movimiento a favor de los derechos de las mujeres, el trabajo sexual o la prostitución se entiende como una actividad de sobrevivencia precarizada, que perpetúa estereotipos de género y reduce a las mujeres y las niñas a mercancías que se compran, venden y alquilan. Estos lo entienden como la más cruel manifestación del patriarcado y una clara forma de violencia contra mujeres y niñas. Además, argumentan que el hecho de hablar de trabajo sexual enmascara la trata de mujeres y niñas para la explotación de la prostitución, así como otras formas de explotación sexual.

El debate respecto a la abolición, la legalización o la despenalización del trabajo sexual o la prostitución figura como uno de los mayores debates dentro del movimiento feminista a nivel global.