Los procesos de regularización migratoria comprenden todo tipo de política pública, programa y decisión sobre casos puntuales, que prevengan una situación de irregularidad migratoria o bien permitan a las personas migrantes salir de ella.
Esta definición incluye las vías por las que un Estado permite el ingreso regular a su territorio. Es decir, las vías de carácter permanente para que diversas categorías de migrantes puedan pasar de un estatus migratorio irregular a una situación regular. También incluye los programas temporales de regularización migratoria dirigidos a reducir los niveles de irregularidad de personas migrantes que se encuentran en un país de acogida, con el objetivo de facilitar su acceso a derechos y mejorar sus condiciones generales de vida (Alfonso, 2013).
Cada Estado tiene la potestad de determinar tales vías de acceso a su territorio, así como los criterios y las características de los trámites implicados, entre muchos otros elementos que conforman una política migratoria nacional.
Desde un enfoque de derechos, se destaca desde varios sectores la necesidad de que esas normas se determinen respetando los acuerdos y las convenciones internacionales que el estado haya ratificado, y que sean coherentes con el contexto en el que se desarrollan.
También es fundamental que las personas que requieren regularizar su situación puedan cumplir los requisitos que se les exigen. Este último aspecto se refiere a procesos burocráticos, disposiciones contradictorias, plazos imposibles de cumplir y una serie de restricciones que constituyen los principales motivos por los que muchas personas pierden su condición de regularidad o no pueden acceder a ella.
Referencias:
Pacto global para las migraciones.
Adriana Alfonso. La experiencia de los países Suramericanos en materia de regularización migratoria.
Créditos de fotografía a Motortion Films