La gestación subrogada es una opción de reproducción en la que una mujer o persona con útero gesta el embrión de otra persona o pareja. A la primera se le llama gestante o gestante subrogada. A quienes ejercen la voluntad y responsabilidad parental se les llama madre o padre concomitantes o intencionales. La técnica consiste en crear uno o más embriones a través de una fecundación in vitro y su posterior transferencia al útero de la persona gestante.
Aunque es cada vez menos frecuente, en el pasado, la gestante podría ser también quien aportase el óvulo para la fecundación in vitro. Tras el embarazo y el parto, las madres o los padres concomitantes tienen la potestad parental. Los derechos que la mujer o persona gestante pueda tener sobre tal bebé producto de una gestación subrogada dependen de la legislación nacional. En algunos países, renuncia a sus derechos antes del parto y no puede arrepentirse; en otros, tiene la posibilidad de hacerlo y no renuncia a su derecho hasta después del parto.
La gestación subrogada puede darse en un modelo altruista, donde la mujer o persona gestante no recibe ningún tipo de pago más allá del reembolso de los gastos incurridos durante el embarazo. También puede hacerse de forma comercial, donde además de cubrir los gastos relacionados con el embarazo, las madres o los padres concomitantes dan un pago a la gestante. Dichos modelos dependen de la legislación nacional.
La práctica de la gestación subrogada se conoce más popularmente como vientres de alquiler. También se refiere a ella por términos como maternidad subrogada, maternidad suplente o vientre sustituto. El tema de la maternidad subrogada, junto con la prostitución y la idea de un porno feminista, es uno de los principales temas divisorios del movimiento feminista internacional y una de las principales fuentes de tensión entre este y el movimiento de la diversidad sexual y de género.
Se argumenta que, en un principio, el modelo de los vientres de alquiler venía a solucionar los problemas de reproducción de las parejas del colectivo LGBTIQ+, al brindarles una alternativa para poder tener descendencia propia mediante la transacción económica con una mujer que accedía a llevar a término el embarazo y renunciar a sus derechos maternales sobre la criatura fruto de este. Sin embargo, en la actualidad, la práctica es incluso más común entre parejas heterosexuales o personas que disponen de los recursos económicos para llevar a cabo el proceso.
Desde ciertas facciones del movimiento feminista, se argumenta que el alquiler de vientres supone la consideración de las mujeres como poco más que un trastero de almacenaje y la máxima cosificación de sus cuerpos. Su negativa a la regulación o legalización de dicha práctica parte del reconocimiento de que, aunque pueda parecer un acuerdo libre entre dos partes, en la práctica, se basa en una relación de máxima desigualdad entre la parte que «compra» y la que «vende». Decir que las mujeres que gestan por dinero lo hacen en un mundo justo, sin desigualdades, y que lo hacen de forma libre y desinteresada supone una falacia. Por ello, desde fuertes corrientes del movimiento feminista, se aboga por prohibir la práctica en todas sus instancias.
Algunos países, tales como el Reino Unido, han optado por un camino intermedio entre la legalización y la prohibición. De esta forma, cuentan con un modelo regulatorio que permite la gestación subrogada altruista, siempre y cuando no haya un intercambio de dinero de por medio. Quienes se oponen a esta práctica visibilizan que, en contextos como este, en el que no media un valor económico, esta apenas se realiza, lo que evidencia que su valor parte del aporte económico. Otros países, tales como la India, han legalizado completamente la práctica y se han convertido en el epicentro del mercado de vientres, al que acuden parejas e individuos de todo el mundo en búsqueda de mujeres, en su gran mayoría pobres, dispuestas u obligadas por su situación, a alquilar sus cuerpos.