El estudio de impacto ambiental es un procedimiento técnico-administrativo que se debe presentar a la autoridad competente a la hora de solicitar permiso para realizar un proyecto. Cuando una iniciativa puede afectar derechos e intereses de los pueblos indígenas y tribales, deben aplicarse estándares de derechos humanos que la comunidad internacional ha adoptado para preservar, proteger y garantizar su relación especial con el territorio y su subsistencia como pueblo.
Aun así, a pesar de la obligación de los Estados de cumplir con estos estándares, la realidad es muy diferente. En líneas generales, estos estudios deben llevarse a cabo antes de otorgar los permisos. Pero varios pueblos indígenas y tribales ponen de manifiesto que, en la mayoría de las ocasiones, se realizan con posterioridad. Además, el análisis de dichos estudios debe estar a cargo de entidades independientes y técnicamente capaces, bajo la supervisión del Estado. Sin embargo, con frecuencia, es la entidad privada que llevará a cabo el proyecto la que directamente realiza, financia o promueve el estudio, lo que compromete los resultados de las evaluaciones.
Los estudios de impacto ambiental deben examinar el impacto acumulado que han generado los proyectos existentes y los que se vayan a crear en el marco de la iniciativa propuesta. Deben elaborarse con la participación plena de las comunidades afectadas, es decir, mediante la consulta previa, libre e informada y el consentimiento previo, libre e informado, cuando corresponda. Además, es necesario compartir los resultados para que las comunidades puedan tomar una decisión informada.
A pesar de todo ello, a menudo, los estudios no miden los impactos espirituales ni culturales, lo que da a entender que las comunidades no han tenido acceso a información suficiente, adecuada y oportuna cuando se les consultó sobre el otorgamiento de una concesión específica.
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