Esterilización forzada

Es el procedimiento impuesto o coercitivo en el que se esteriliza a una persona sin su consentimiento libre e informado. Es una forma de violencia física a la que, de manera particular, están expuestas las niñas y jóvenes con discapacidad, especialmente aquellas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

Esta práctica, que trae consecuencias físicas y emocionales, se fundamenta en varias razones. Entre ellas, el prejuicio de que las personas con discapacidad no pueden tomar decisiones por sí mismas y no deberían tener o criar hijas o hijos. Así mismo, suele hacerse para conveniencia de las personas cuidadoras. Finalmente, en las instituciones, se registra el uso de esta práctica para encubrir abusos sexuales y prevenir embarazos producto de abusos sexuales que se consideran inevitables (UNFPA – WEI, 2018, pág. 108).

«Las personas con discapacidad tienen derecho a una vida afectiva y sexual plena, saludable y satisfactoria» (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 2019, pág. 11) y a que sean protegidas de todo tipo de violencia, incluidas las violencias sexuales y de género, como la esterilización forzada, la institucionalización forzada, el aborto o la anticoncepción forzada.

El Consejo de Derechos Humanos recomienda a los Estados prohibir la esterilización forzada de niñas, niños y personas adultas por motivos de discapacidad. Además, asegura salvaguardas para proteger los derechos al consentimiento libre e informado, y salvaguardas para proteger el consentimiento informado previo (Human Rights Council, 2012).