Derecho a decidir

El término derecho a decidir tiene su origen en el derecho de las mujeres a decidir sobre su sexualidad y su capacidad reproductiva. Se atribuye a la especialista en ética y teóloga presbiteriana, Beverly Wildung Harrison, quién publicó el libro Our Right to Choose (Nuestro derecho a decidir) en Boston en 1983, en uno de los momentos más álgidos del debate sobre el aborto en los Estados Unidos. 

En el libro, hace un análisis ético sobre la historia del debate del aborto, pero su contribución más importante es su argumentación acerca de la moralidad. Señala que «el aborto es una cuestión moral y no puede, por lo tanto, ser resuelto solo por la observación histórica y científica. El hecho de que el feto tenga un conjunto único de cromosomas desde su concepción es un hecho científico importante; pero la cuestión es cómo valoramos ese hecho». Harrison dice que tales juicios no solo requieren conocimientos científicos, sino también sensibilidad ética. 

Esto marcó un hito en la lucha de las mujeres por sus derechos. La adopción del término asociada al aborto se expandió entre las feministas de diversas posiciones, y así el derecho a decidir se convirtió a nivel global en una de sus causas más importantes. 

Actualmente, el término abarca las decisiones de las mujeres en todos los aspectos de su vida. Sin embargo, se refiere fundamentalmente al debate sobre la agencia moral para tomar decisiones sobre su reproducción, incluido el aborto legal y seguro. El derecho a decidir también atañe a toda la población, particularmente a adolescentes y jóvenes, en cuanto al uso de métodos anticonceptivos para disfrutar de una vida sexual placentera, sin culpa, sin violencia y sin coerción.

La toma de decisiones es una de las actividades esenciales del ser humano; sin embargo, esta responde al contexto y a las posibilidades que se encuentran a su alcance, pues no se puede decidir sobre aquello que ni siquiera puede ser imaginado. El derecho a decidir incluye decisiones vitales y se trata de un proceso complejo e íntimo. Es por ello que se necesitan condiciones externas de posibilidad. Esto es: 

– Una legislación positiva, lo que significa contar con leyes que protejan las decisiones que toman las personas, específicamente las mujeres.

– Información basada en evidencias para poder emitir un consentimiento informado.

– Accesibilidad a los servicios vinculados a la materia de la toma de decisión. Por accesibilidad se entiende estar en posibilidad de llegar a estos servicios y de poder pagarlos u obtenerlos gratuitamente.

– Ausencia de discriminación y coerción.

El derecho a decidir está estrechamente ligado a la libertad de conciencia, pues esta es la base de la agencia moral y de la autonomía de las mujeres sobre su cuerpo, su sexualidad, su reproducción y su vida.