La Real Academia Española (RAE) define ciudadana o ciudadano como una «persona considerada como miembro activo de un Estado, titular de derechos políticos y sometido a sus leyes». Este concepto de ciudadanía está ligado al derecho, sobre todo en lo que se refiere a los derechos políticos. Estos garantizan que las personas puedan intervenir en los asuntos del Estado. Además, permiten la participación directa o indirecta de los individuos en el gobierno y en su administración, a través del voto directo, para elegir o para competir por cargos públicos.
El cuestionamiento al concepto de ciudadanía tiene larga data. Con él se cuestionan también las ideas de soberanía, las limitaciones de los Estados nación para gestionar la diversidad y complejidad social y las consecuencias sobre las personas al configurar sistemas de inclusión o exclusión de derechos.
En un contexto de flujos migratorios complejos y crecientes en todo el mundo, y con una mirada de derechos, el concepto tradicional de ciudadanía es cuestionado desde la idea de avanzar hacia un concepto amplio y más integrador. Por ejemplo, diversas organizaciones hablan de una ciudadanía global o cosmopolita.
Más allá de las nuevas expresiones que se acuñan, estas perspectivas buscan destacar que la calidad de ser humano debe prevalecer sobre su nacionalidad y pertenencia a un determinado Estado nación.
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