Es el derecho que tienen las personas con discapacidad a usar y a entender todos los bienes y servicios a su alrededor, así como a transitar por espacios públicos y privados. También es el derecho a ejercer una ciudadanía activa y a disfrutar de todos los aspectos de la sociedad a la que pertenecen, independientemente de sus condiciones físicas, sensoriales, cognitivas o psicosociales.
En el Preámbulo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se reconoce como un principio «la importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural, a la salud y la educación y a la información y las comunicaciones, para que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales» (Naciones Unidas, 2006). Sin embargo, la dimensión jurídica de la accesibilidad como derecho no está plenamente reconocida en los instrumentos legales.
Es cierto que ha habido avances en las leyes nacionales sobre igualdad y no discriminación al reconocer que la negación de la accesibilidad conlleva la discriminación y, por lo tanto, es una desventaja para el ejercicio de otros derechos. No obstante, falta considerar de manera global el derecho a la accesibilidad como parte de los derechos humanos fundamentales.
Para muchas organizaciones y personas con discapacidad, la accesibilidad universal se debe reclamar como un derecho fundamental, por las múltiples barreras que implica un entorno inaccesible.
Referencias:
Naciones Unidas. (2006). Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Naciones Unidas.
Pérez Bueno, L. C. (2011). Nuevo marco legislativo de la accesibilidad en España. En J. H. Galán, Accesibilidad Universal y Diseño para Todos (págs. 235-243). Fundación ONCE.
Créditos de fotografía a Disabled and here
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