Se refiere al «desplazamiento de personas desde el territorio de un estado nacional hacia el territorio de otro estado nacional, involucrando el paso de una frontera internacional, con el propósito de establecerse por un período de tiempo o de manera permanente, de forma voluntaria o forzada, con o sin consentimiento, en ese segundo estado» (OIM, IPPDH, 2017).
Este concepto comprende cualquier movimiento de población, independientemente de su tamaño, de su composición o de las causas por las que se desplaza. En este sentido, la movilidad humana puede entenderse como una alternativa para referirse a migración, ya que engloba todas las categorías que en ella se encuentran contempladas.
Las personas en contexto de movilidad humana, o personas migrantes, se encuentran condicionadas por las decisiones que adoptan los Estados nacionales por medio de marcos normativos, políticas y prácticas para el ingreso, el egreso y la permanencia en sus territorios. De esta manera, la situación de irregularidad o regularidad migratoria, o el reconocimiento de la condición de persona refugiada, incidirá directamente en la posibilidad de hacer efectivo el acceso a derechos. Esto es especialmente importante en el caso de personas en situación de vulnerabilidad.
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