Es un derecho de las personas con discapacidad que favorece el ejercicio de su capacidad jurídica y su reconocimiento igualitario ante la ley. Está definido en el Artículo 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Naciones Unidas, 2006):
1. «Los Estados partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos, incluida la declaración como testigos, en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas preliminares».
2. «A fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia, los Estados partes promoverán la capacitación adecuada de los que trabajan en la administración de justicia, incluido el personal policial y penitenciario».
Esas modificaciones o adaptaciones pueden incluir, entre otras cosas, el acceso a los edificios esenciales, como los tribunales, bancos, oficinas de prestaciones sociales y lugares de votación; información accesible sobre las decisiones que tengan efectos jurídicos; asistencia personal (Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2014); y toma de decisiones con apoyos.
Referencias:
Naciones Unidas. (2006). Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Naciones Unidas.
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